El Congreso de los Diputados ha aprobado, en primer término, la nueva Ley de Educación que continuará su trámite parlamentario en el Senado, antes de volver definitivamente al Congreso para su aprobación definitiva.
La Educación tiene un significado singular y relevante para la vida y el futuro de niños y jóvenes, de las familias y de la sociedad entera. Es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud democrática. Por la gran inquietud que ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley, nos parece necesario ofrecer ahora algunas reflexiones:
- Antes de cualquier consideración queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los docentes que en este tiempo de pandemia están redoblando sus esfuerzos para seguir educando y formando a las nuevas generaciones. Es un trabajo silencioso, pero nos consta que se realiza con una dedicación personal y profesional que permite mantener la tarea escolar por encima de todo.
- Por ello, lamentamos en particular que se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados. Ello ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales.
Consideramos necesario insistir en que el verdadero sujeto de la educación es la sociedad, y, en primer lugar, las familias. No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad -a cuyo servicio está llamado-, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público.
Con el papa Francisco queremos recordar la urgencia de un Pacto Educativo Global, que el Gobierno ha aplaudido de manera informal, y que significa privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del acuerdo, de modo que las propias posiciones ideológicas (todas ellas “confesionales”) no se conviertan en criterio de exclusión. En palabras del presidente de la CEE al inicio de esta A. Plenaria: “sería conveniente que de este pacto educativo pudiera concretarse una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno”.
- Tras el camino recorrido durante la tramitación de la ley, vemos necesario pedir que esta ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en el art 27 de la Constitución y en su interpretación jurisprudencial. Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos.
Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales.
- En este mismo sentido afirmamos, de nuevo, que la ley debería recoger la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones.
- Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. No es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.
- En diálogo con el Ministerio, la CEE ha recordado que no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral. Por eso, ha propuesto que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios comparativos. Y ha recordado que esta asignatura no debe ser considerada ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas fundamentales.
Lamentablemente la propuesta hecha por la CEE no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar.
Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento. Al contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Es escogida con buenas razones por una mayoría de familias, y reconocida en su contribución a la educación integral de la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas educativos europeos.
- La Iglesia ha desarrollado una gran tradición educativa, que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad. Más allá del debate sobre una ley, es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral. Y, como Pueblo de Dios, en todos sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.
Madrid 20 de noviembre de 2020
