Después del debate que tuvo lugar el día 5 de abril en el pleno del Congreso de los Diputados sobre la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para suspender la aplicación de la LOMCE, se ha puesto de manifiesto una vez más la ausencia de voluntad para alcanzar un mínimo acuerdo sobre la educación en nuestro país. La toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, obtuvo el respaldo mayoritario de PSOE, Podemos, Grupo Mixto, ERC, etc, y el voto en contra del PP, junto con la abstención de Ciudadanos. Sin embargo, dicha aprobación se puede calificar de simbólica por los efectos prácticos que puede conllevar a corto o medio plazo.
La Proposición establece que “queda suspendido el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su Disposición final quinta, así como la entrada en vigor de las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva”. Y, añade mediante su Disposición derogatoria, que quedan derogados:
“1. El Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria.
2. Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.”
Sin embargo, lo aprobado ayer no tiene efecto automático, sino tan sólo supone el inicio de la tramitación parlamentaria de dicha Ley. En consecuencia, en caso de disolución de las Cortes el día 2 de mayo, si no se consigue formar Gobierno antes de esa fecha, esta proposición no sería tramitada.
En cualquier caso, en estos momentos no es fácil determinar qué quedaría suspendido, dado lo escueto y generalista de su artículo único que se presta a diferentes interpretaciones.
Por todo ello, Escuelas Católicas lamenta profundamente que de nuevo los alumnos y sus familias, los centros y los profesores, deban soportar la incoherencia e irresponsabilidad de nuestros políticos, que son capaces de reclamar un Pacto Educativo y, a la vez, adoptar medidas unilaterales sin el mínimo consenso, que sólo generan más incertidumbre y caos a un castigado sistema educativo.
